INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN AMENAZAN NUESTRO PROCESO REVOLUCIONARIO.
Por: Wilmer Ortuño
Un poco de historia.
El proceso revolucionario vivido actualmente en Venezuela no es calco de ninguno que exista o haya existido en América o en el mundo. No es copia de otros porque por primera vez un gobierno, colocado al lado del pueblo salda sus necesidades históricas, logrando, dentro del marco de la institucionalidad capitalista burgués, acceder y mantenerse en el gobierno mediante reiteradas elecciones otorgándole una excepcional legitimidad en estos años (14 elecciones en 10 años), creándose la obligación moral y política de permanecer en él para garantizar y profundizar los cambios anhelados por la mayoría de la población.
Todos conocemos de la experiencia trágica y fallida del compañero presidente y mártir Salvador Allende en Chile, el cual fue asediado por el imperialismo norteamericano y la burguesía chilena, contando con el apoyo de sectores ultraconservadores y religiosos de la desclasada pequeña burguesía, quienes consiguen sabotear la acción política nacionalista que se estaba desarrollando a favor de Chile y de su pueblo, dando al traste con el gobierno de Unidad Popular y asesinando vilmente a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, para luego presentarlo al mundo como un suicidio, intentando rebajar de esta forma su talla de gigante histórico conseguida con su indoblegable y heroica resistencia al golpe fascista.
Esta experiencia se pretendió repetir en Venezuela (abril y diciembre de 2002) pero fracasó debido a la gran movilización conciente y espontánea de los sectores populares, quien junto al ejército patriota, logró conjurar no sólo el golpe de estado intentado para restaurar el status quo burgués, sino también el saboteo a la economía emprendido por los mismos factores desestabilizadores que actuaron en Chile: el imperialismo norteamericano, la burguesía y la clase media más conservadora e identificada con lo más reaccionario de la jerarquía de la iglesia católica.
Desde 1999, en Venezuela, se vienen desarrollando cambios que hasta comienzos de esa misma década se pensaban imposibles o pertenecían al reino de la fantasía revolucionaria: diversos programas sociales dirigidos a atacar la pobreza crítica, recuperación de las riquezas nacionales y su administración por parte del Estado, ofensiva contra los latifundios para promover actividades agropecuarias garantizando de esta manera la seguridad alimentaria, lucha contra la especulación y acaparamiento de renglones alimenticios, reactivación del aparato productivo con acuerdos internacionales para la transferencia tecnológica, masificación de la salud en aquellos sectores populares más desasistidos, lucha contra el analfabetismo y creación de programas educativos a todo nivel para los excluidos del sistema educativo, dignificación y reconocimiento del papel preponderante de la mujer, inclusión del discapacitado y el indígena en programas sociales y políticos buscando su participación efectiva en el proceso de cambios, edición y distribución de miles de libros, promoción de la cultura, incentivos para la creación de medios alternativos de comunicación, entre otras muchas actuaciones del gobierno que buscan incluir al mayor número de personas en la transformación de la sociedad, es decir, la deconstrucción del capitalismo neoliberal y salvaje para la construcción del socialismo.
Todos éstos programas persiguen minimizar los privilegios de los sectores más ricos y poderosos favoreciendo abiertamente a los más desfavorecidos, obteniéndose resultados en muchas ocasiones reconocidos por organismos internacionales (UNESCO, FAO, CEPAL); otros, en cambio, se ven entrabados por la burocracia excesiva o el trabajo de zapa de personas, aún trabajando y obteniendo beneficios sociales del gobierno, se encargan de sabotear la labor de este; pero existen otras dificultades que ameritan la atención inmediata y es lo relativo a la corrupción y la inseguridad.
La inseguridad.
El problema de la inseguridad posee componentes socioeconómicos innegables, los cuales se vienen atacando con medidas implementadas por el gobierno para disminuir la pobreza y la desigualdad existente en Venezuela durante muchas décadas, pero este asunto además presenta en estos momentos, componentes políticos complejos, no sólo por la explotación publicitaria diaria a través de los medios de comunicación privados abiertamente contrarios al gobierno, sino también por la participación evidente y directa de sectores opositores radicales que ven en ella una vía para socavar las bases populares del gobierno de Chávez. Basta analizar las características presentes en las víctimas de la inseguridad, específicamente las referidas al sicariato, para identificar como los más afectados a los sustratos de obreros, amas de casas y estudiantes de los sectores populares; en muchísimos casos estas acciones se dirigen contra líderes campesinos (214 asesinados hasta la fecha) quienes procuran el cumplimiento de la Ley de Tierras, que afecta directamente a los terratenientes -latifundistas con grandes extensiones de tierras ociosas cercadas, de los cuales muchos no poseen ningún documento de propiedad legal o pertenecen al Estado. Estos contraatacan introduciendo en sus regiones a elementos desde el otro lado de la frontera colombo-venezolana para llevar a cabo los crímenes; agravándose la situación por la impunidad judicial reinante, ya sea por la evasión de los autores materiales de los asesinatos al refugiarse del otro lado de la frontera o por la complacencia de jueces, fiscales, militares y policías quienes se hacen “la vista gorda” conformando en una innegable cadena de complicidades agudizando los hechos, estos elementos son heredados del aparataje judicial, militar y policial viciado de la cuarta república, los que aun y de manera soterrada prestan su apoyo a todo tipo de acciones emprendidas contra el gobierno bolivariano.
Revisando casos similares en América Latina encontramos semejanzas llamándonos poderosamente la atención, utilizados para promover la desestabilización a gobiernos abiertamente proclives a implementar políticas favorables al pueblo en desmedro de compañías transnacionales y burgueses locales: 1.-la existencia de grupos armados apoyados subrepticiamente por gobiernos o particulares dedicados al asesinato político por encargo y 2.-como método para mantener a la población en el medio y el terror. Ejemplos de lo anterior lo encontramos a lo largo y ancho de nuestro continente; El Salvador, Colombia, Nicaragua, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, en todos los casos la finalidad es la misma: asesinar a los dirigentes sociales y políticos para frenar, mediante el asesinato, las exigencias sociales, políticas y económicas de los pueblos sometidos; además de garantizar la permanencia en el poder de la burguesía utilizando el terror en la población.
El sicariato (introducido desde Colombia a raíz de la desmovilización de ciertos grupos paramilitares) es la vertiente más peligrosa del problema de la inseguridad, porque se dirige indistintamente a cualquier ciudadano, cualquier persona es objeto potencial del ataque de los grupos organizados o mercenarios; se persigue crear malestar en la población utilizándose el miedo como elemento político de arremetida, por aquellos sectores de derecha, en contra del gobierno revolucionario, quienes asesinando, desapareciendo o secuestrando pretenden conseguir sus objetivos políticos.
No debemos olvidar lo sucedido en Nicaragua luego del triunfo del sandinismo, se hostilizó a tal punto al pueblo con guerra, asesinatos, acaparamiento, terror, propaganda y amenazas veladas o abiertas, que este prefirió votar en las elecciones por la extrema derecha y asesina a fin de acabar con el sufrimiento, provocados por esos mismos sectores de derecha, a la mayoría de la población. Esa es la táctica y estrategia del imperio.
La corrupción.
El otro elemento a revisar es el de la corrupción, ese flagelo nos persigue desde hace mucho tiempo, más allá de lo que se ha dado por llamar en Venezuela la cuarta república (1958-1998), esta se puede encontrar ya fuertemente arraigada en la sociedad colonial implantada por España en Venezuela; sabida es la compra y recompra de cargos públicos así como la obtención de beneficios donde estaban involucrados funcionarios reales y terceros, práctica ejercida a lo largo del tiempo, agravada con la llegada de las empresas extranjeras que buscaban por todos los medios a su alcance, disfrutar de las facilidades y riquezas ofrecidas por los gobiernos de turno. Este fenómeno (cultural, político y económico característico del capitalismo) tiene dos caras, aunque siempre se insista en ver sólo en una: el funcionario corrupto y el empresario particular corruptor. Ese personaje paradigmático, modelo a seguir por los defensores del sistema capitalista, procede de instituciones, empresas u organismos de carácter privado (ejemplos existen a montones pero nunca se asocian a las perversiones causadas en la administración pública), para garantizar o mantener contratos, privilegios e intereses. Compran burócratas para garantizar sus fueros, funcionarios públicos sin un ápice de ética venden su conciencia, su trabajo, su profesión y su cargo para obtener ganancias (dinero, bienes) favoreciéndole a él pero perjudicando al resto de la población. De esta forma se va entrabando todo el funcionamiento del gobierno, ameritándose para su funcionamiento de constantes y aumentados incentivos económicos, esta práctica y actitud es fiel reflejo de un sistema corrompido e ineficiente, que permite rasgar las vestiduras de quienes acusan al funcionario pero no se ven a sí mismos como promotores del acto.
Consecuencias de estos problemas.
Este gobierno no ha escapado a estos males; la inseguridad y la corrupción se han convertido en la espada que pende no sólo sobre la cabeza del máximo dirigente del proceso de cambios desarrollados desde hace ya 10 años, Hugo Rafael Chávez Frías, sino también sobre todo el pueblo al igual que sobre los logros alcanzados en esta década.
El fracaso en estos dos frentes implicaría, además de la evidente paralización e inacción del gobierno y el derramamiento de sangre del pueblo, la restauración de un régimen derechista que apelaría al fascismo para aniquilar los cambios producidos y considerados atentatorios contra los privilegios de la burguesía y de la pequeña burguesía (clase media). Veríamos el regreso de las persecuciones políticas, tal y como ocurrieron en abril del 2002 pero también así como suceden actualmente en los estados donde la derecha se hizo con el poder regional.
Por lo tanto es tarea irremediablemente urgente dar algunas señales por parte del gobierno de ir actuando seriamente en las problemáticas planteadas; revisar y rectificar el propio gabinete, ministerios y funcionarios medios y bajos, así como actuar con decidida energía con respecto a la impunidad judicial una de las causas generadoras de la inseguridad. Abordar decididamente y sin temor por parte de quienes se encuentren al frente de los organismos burocráticos y de seguridad, la tarea de detener el sicariato, identificando y capturando tanto a los autores materiales como a los intelectuales (que evidentemente provienen del sector de terratenientes, empresarios y políticos adversos radicalmente a las políticas de este gobierno) procesándolos de acuerdo a las leyes y demostrando voluntad política para emprender las acciones necesarias para acabar con estos flagelos caiga quien caiga. Actuando de esta manera se minimizarán los casos de corrupción dentro del gobierno ya que quienes lo practican no se sentirán seguros ni protegidos, deslastrándose, el proceso, de elementos dañinos al pueblo y al proceso revolucionario.
Mientras esto no se haga, la corrupción y la inseguridad, servirán de excusa para todos aquellos que atacan al gobierno, tanto fuera como dentro de él, con aparentes “críticas revolucionarias y constructivas” cuando en realidad son ataques velados al proceso de cambios y a la política desarrollada para ir construyendo el socialismo, ese que propone otro mundo posible y necesario.
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Un poco de historia.
El proceso revolucionario vivido actualmente en Venezuela no es calco de ninguno que exista o haya existido en América o en el mundo. No es copia de otros porque por primera vez un gobierno, colocado al lado del pueblo salda sus necesidades históricas, logrando, dentro del marco de la institucionalidad capitalista burgués, acceder y mantenerse en el gobierno mediante reiteradas elecciones otorgándole una excepcional legitimidad en estos años (14 elecciones en 10 años), creándose la obligación moral y política de permanecer en él para garantizar y profundizar los cambios anhelados por la mayoría de la población.
Todos conocemos de la experiencia trágica y fallida del compañero presidente y mártir Salvador Allende en Chile, el cual fue asediado por el imperialismo norteamericano y la burguesía chilena, contando con el apoyo de sectores ultraconservadores y religiosos de la desclasada pequeña burguesía, quienes consiguen sabotear la acción política nacionalista que se estaba desarrollando a favor de Chile y de su pueblo, dando al traste con el gobierno de Unidad Popular y asesinando vilmente a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, para luego presentarlo al mundo como un suicidio, intentando rebajar de esta forma su talla de gigante histórico conseguida con su indoblegable y heroica resistencia al golpe fascista.
Esta experiencia se pretendió repetir en Venezuela (abril y diciembre de 2002) pero fracasó debido a la gran movilización conciente y espontánea de los sectores populares, quien junto al ejército patriota, logró conjurar no sólo el golpe de estado intentado para restaurar el status quo burgués, sino también el saboteo a la economía emprendido por los mismos factores desestabilizadores que actuaron en Chile: el imperialismo norteamericano, la burguesía y la clase media más conservadora e identificada con lo más reaccionario de la jerarquía de la iglesia católica.
Desde 1999, en Venezuela, se vienen desarrollando cambios que hasta comienzos de esa misma década se pensaban imposibles o pertenecían al reino de la fantasía revolucionaria: diversos programas sociales dirigidos a atacar la pobreza crítica, recuperación de las riquezas nacionales y su administración por parte del Estado, ofensiva contra los latifundios para promover actividades agropecuarias garantizando de esta manera la seguridad alimentaria, lucha contra la especulación y acaparamiento de renglones alimenticios, reactivación del aparato productivo con acuerdos internacionales para la transferencia tecnológica, masificación de la salud en aquellos sectores populares más desasistidos, lucha contra el analfabetismo y creación de programas educativos a todo nivel para los excluidos del sistema educativo, dignificación y reconocimiento del papel preponderante de la mujer, inclusión del discapacitado y el indígena en programas sociales y políticos buscando su participación efectiva en el proceso de cambios, edición y distribución de miles de libros, promoción de la cultura, incentivos para la creación de medios alternativos de comunicación, entre otras muchas actuaciones del gobierno que buscan incluir al mayor número de personas en la transformación de la sociedad, es decir, la deconstrucción del capitalismo neoliberal y salvaje para la construcción del socialismo.
Todos éstos programas persiguen minimizar los privilegios de los sectores más ricos y poderosos favoreciendo abiertamente a los más desfavorecidos, obteniéndose resultados en muchas ocasiones reconocidos por organismos internacionales (UNESCO, FAO, CEPAL); otros, en cambio, se ven entrabados por la burocracia excesiva o el trabajo de zapa de personas, aún trabajando y obteniendo beneficios sociales del gobierno, se encargan de sabotear la labor de este; pero existen otras dificultades que ameritan la atención inmediata y es lo relativo a la corrupción y la inseguridad.
La inseguridad.
El problema de la inseguridad posee componentes socioeconómicos innegables, los cuales se vienen atacando con medidas implementadas por el gobierno para disminuir la pobreza y la desigualdad existente en Venezuela durante muchas décadas, pero este asunto además presenta en estos momentos, componentes políticos complejos, no sólo por la explotación publicitaria diaria a través de los medios de comunicación privados abiertamente contrarios al gobierno, sino también por la participación evidente y directa de sectores opositores radicales que ven en ella una vía para socavar las bases populares del gobierno de Chávez. Basta analizar las características presentes en las víctimas de la inseguridad, específicamente las referidas al sicariato, para identificar como los más afectados a los sustratos de obreros, amas de casas y estudiantes de los sectores populares; en muchísimos casos estas acciones se dirigen contra líderes campesinos (214 asesinados hasta la fecha) quienes procuran el cumplimiento de la Ley de Tierras, que afecta directamente a los terratenientes -latifundistas con grandes extensiones de tierras ociosas cercadas, de los cuales muchos no poseen ningún documento de propiedad legal o pertenecen al Estado. Estos contraatacan introduciendo en sus regiones a elementos desde el otro lado de la frontera colombo-venezolana para llevar a cabo los crímenes; agravándose la situación por la impunidad judicial reinante, ya sea por la evasión de los autores materiales de los asesinatos al refugiarse del otro lado de la frontera o por la complacencia de jueces, fiscales, militares y policías quienes se hacen “la vista gorda” conformando en una innegable cadena de complicidades agudizando los hechos, estos elementos son heredados del aparataje judicial, militar y policial viciado de la cuarta república, los que aun y de manera soterrada prestan su apoyo a todo tipo de acciones emprendidas contra el gobierno bolivariano.
Revisando casos similares en América Latina encontramos semejanzas llamándonos poderosamente la atención, utilizados para promover la desestabilización a gobiernos abiertamente proclives a implementar políticas favorables al pueblo en desmedro de compañías transnacionales y burgueses locales: 1.-la existencia de grupos armados apoyados subrepticiamente por gobiernos o particulares dedicados al asesinato político por encargo y 2.-como método para mantener a la población en el medio y el terror. Ejemplos de lo anterior lo encontramos a lo largo y ancho de nuestro continente; El Salvador, Colombia, Nicaragua, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, en todos los casos la finalidad es la misma: asesinar a los dirigentes sociales y políticos para frenar, mediante el asesinato, las exigencias sociales, políticas y económicas de los pueblos sometidos; además de garantizar la permanencia en el poder de la burguesía utilizando el terror en la población.
El sicariato (introducido desde Colombia a raíz de la desmovilización de ciertos grupos paramilitares) es la vertiente más peligrosa del problema de la inseguridad, porque se dirige indistintamente a cualquier ciudadano, cualquier persona es objeto potencial del ataque de los grupos organizados o mercenarios; se persigue crear malestar en la población utilizándose el miedo como elemento político de arremetida, por aquellos sectores de derecha, en contra del gobierno revolucionario, quienes asesinando, desapareciendo o secuestrando pretenden conseguir sus objetivos políticos.
No debemos olvidar lo sucedido en Nicaragua luego del triunfo del sandinismo, se hostilizó a tal punto al pueblo con guerra, asesinatos, acaparamiento, terror, propaganda y amenazas veladas o abiertas, que este prefirió votar en las elecciones por la extrema derecha y asesina a fin de acabar con el sufrimiento, provocados por esos mismos sectores de derecha, a la mayoría de la población. Esa es la táctica y estrategia del imperio.
La corrupción.
El otro elemento a revisar es el de la corrupción, ese flagelo nos persigue desde hace mucho tiempo, más allá de lo que se ha dado por llamar en Venezuela la cuarta república (1958-1998), esta se puede encontrar ya fuertemente arraigada en la sociedad colonial implantada por España en Venezuela; sabida es la compra y recompra de cargos públicos así como la obtención de beneficios donde estaban involucrados funcionarios reales y terceros, práctica ejercida a lo largo del tiempo, agravada con la llegada de las empresas extranjeras que buscaban por todos los medios a su alcance, disfrutar de las facilidades y riquezas ofrecidas por los gobiernos de turno. Este fenómeno (cultural, político y económico característico del capitalismo) tiene dos caras, aunque siempre se insista en ver sólo en una: el funcionario corrupto y el empresario particular corruptor. Ese personaje paradigmático, modelo a seguir por los defensores del sistema capitalista, procede de instituciones, empresas u organismos de carácter privado (ejemplos existen a montones pero nunca se asocian a las perversiones causadas en la administración pública), para garantizar o mantener contratos, privilegios e intereses. Compran burócratas para garantizar sus fueros, funcionarios públicos sin un ápice de ética venden su conciencia, su trabajo, su profesión y su cargo para obtener ganancias (dinero, bienes) favoreciéndole a él pero perjudicando al resto de la población. De esta forma se va entrabando todo el funcionamiento del gobierno, ameritándose para su funcionamiento de constantes y aumentados incentivos económicos, esta práctica y actitud es fiel reflejo de un sistema corrompido e ineficiente, que permite rasgar las vestiduras de quienes acusan al funcionario pero no se ven a sí mismos como promotores del acto.
Consecuencias de estos problemas.
Este gobierno no ha escapado a estos males; la inseguridad y la corrupción se han convertido en la espada que pende no sólo sobre la cabeza del máximo dirigente del proceso de cambios desarrollados desde hace ya 10 años, Hugo Rafael Chávez Frías, sino también sobre todo el pueblo al igual que sobre los logros alcanzados en esta década.
El fracaso en estos dos frentes implicaría, además de la evidente paralización e inacción del gobierno y el derramamiento de sangre del pueblo, la restauración de un régimen derechista que apelaría al fascismo para aniquilar los cambios producidos y considerados atentatorios contra los privilegios de la burguesía y de la pequeña burguesía (clase media). Veríamos el regreso de las persecuciones políticas, tal y como ocurrieron en abril del 2002 pero también así como suceden actualmente en los estados donde la derecha se hizo con el poder regional.
Por lo tanto es tarea irremediablemente urgente dar algunas señales por parte del gobierno de ir actuando seriamente en las problemáticas planteadas; revisar y rectificar el propio gabinete, ministerios y funcionarios medios y bajos, así como actuar con decidida energía con respecto a la impunidad judicial una de las causas generadoras de la inseguridad. Abordar decididamente y sin temor por parte de quienes se encuentren al frente de los organismos burocráticos y de seguridad, la tarea de detener el sicariato, identificando y capturando tanto a los autores materiales como a los intelectuales (que evidentemente provienen del sector de terratenientes, empresarios y políticos adversos radicalmente a las políticas de este gobierno) procesándolos de acuerdo a las leyes y demostrando voluntad política para emprender las acciones necesarias para acabar con estos flagelos caiga quien caiga. Actuando de esta manera se minimizarán los casos de corrupción dentro del gobierno ya que quienes lo practican no se sentirán seguros ni protegidos, deslastrándose, el proceso, de elementos dañinos al pueblo y al proceso revolucionario.
Mientras esto no se haga, la corrupción y la inseguridad, servirán de excusa para todos aquellos que atacan al gobierno, tanto fuera como dentro de él, con aparentes “críticas revolucionarias y constructivas” cuando en realidad son ataques velados al proceso de cambios y a la política desarrollada para ir construyendo el socialismo, ese que propone otro mundo posible y necesario.
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